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Boletín de noticias 12 de enero de 2012
EL TIEMPO
FUERTE AGARRÓN EN LA CÚPULA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
En un inédito enfrentamiento entre miembros de las altas cortes, el magistrado Henry Villarraga entregó este miércoles una dura respuesta a su colega Néstor Correa, presidente encargado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por haber eliminado varios cargos en la Sala Disciplinaria de esa corporación y haber ordenado la publicación de los viajes de los miembros de las altas cortes en los últimos dos años.
El pronunciamiento de Villarraga se produce una semana después de que el magistrado Correa, en diálogo con EL TIEMPO, hiciera fuertes cuestionamientos a los cargos autorizados por el anterior presidente de la Sala Administrativa, el saliente magistrado José Alfredo Escobar, y anunciara otras medidas como parte de un plan de transparencia que pondrá en marcha esa corporación.
"¿Él (Correa) qué se considera? ¿El adalid de la transparencia? No puede cuestionar la jurisdicción disciplinaria cuando la plata para la descongestión de la justicia se ha gastado es en la Sala Administrativa", afirmó Villarraga.
Anunció que prepara un derecho de petición que le enviará a Correa en el que le pedirá explicaciones por un viaje que hizo a Barcelona (España) a un curso de capacitación supuestamente pagado con dineros públicos y ocho días después de haberse iniciado.
Villarraga también entregó una lista de 20 contratos que al parecer fueron prorrogados por la Sala Administrativa, por 11.662 millones de pesos, que han sido cuestionados por la Contraloría.
Frente a los cargos eliminados por Correa, aseguró que es una retaliación. "Vemos con muy buenos ojos que esos principios de transparencia y publicidad se ventilen, pero no se le puede malinformar al país con espectáculos mediáticos. Los que integramos la Sala Disciplinaria no podemos aceptar esos cuestionamientos y pedimos respeto por la jurisdicción", dijo Villarraga.
Correa responde
Poco después, en otra rueda de prensa, el magistrado Néstor Correa respondió los señalamientos, rechazó las acusaciones de su colega y dijo que está "muy mal informado".
Sobre el viaje a Barcelona, el presidente encargado de la Sala Administrativa dijo que él asumió los gastos: "Lo saqué de mi propio bolsillo y le costó cero pesos al país".
Respecto a los contratos cuestionados por Villarraga, Correa respondió que la Sala aprobó la adición, pero "el proceso de contratación lo hace la Dirección Ejecutiva de la Rama y es autónoma en esa labor".
También reiteró que la Disciplinaria pretendía la aprobación de 1.006 cargos provisionales por 50 mil millones de pesos, es decir, 600 puestos más que los que esa corporación tiene permanentemente. Además, Correa dijo que los magistrados de la Disciplinaria pretendían hacer los nombramientos "a dedo" y no por concurso.
Una corte cuestionada
1. Las tutelas
El Consejo de Estado y las cortes Constitucional y Suprema han criticado a la Judicatura por fallos de tutela que pusieron en riesgo procesos como la 'parapolítica'.
2. Nombramientos
La Judicatura se ha visto enredada en escándalos por varios nombramientos. Según denuncias, algunas de esas personas habrían obtenido beneficios pensionales.
3. Contratos
La Contraloría, en su último informe de auditoría, cuestionó varios contratos de obras y algunos gastos de tiquetes de viajes hechos por la Sala Administrativa.
CONOZCA LAS PROMESAS DEL NUEVO PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS)
Acceso a servicios presentando la cédula y tiempos cortos en citas, dos de los principales anuncios.
Varias promesas, que implican verdaderos desafíos en el sector de la salud, quedaron planteadas este miércoles durante la presentación oficial que el presidente Juan Manuel Santos hizo del nuevo POS, que entró en vigencia el primero de enero.
En el anuncio que seguramente tendrá mayor impacto para los colombianos, el Presidente prometió que dentro de los próximos seis meses serán reglamentados los tiempos para la asignación de citas con especialistas, para que también tengan un tope máximo, tal y como se acaba de ordenar en el decreto antitrámites con las citas de medicina general y de odontología, que ahora deben ser dadas para un plazo no mayor a tres días y por vía electrónica.
Este tema es uno de los principales cuellos de botella del sistema y así lo han reconocido tanto el Ministerio de Salud como la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, que agremia a cerca de 45.000 especialistas.
Sin embargo, el camino para poner en práctica esta promesa no está exento de dificultades. El trabajo conjunto entre el Ministerio y Sociedades Científicas para determinar el número exacto de especialistas y saber en qué regiones del país están distribuidos, que será la base para reglamentar este tema, todavía no comienza.
"Es claro que en ciertas especialidades, como la endocrinología pediátrica, la psiquiatría infantil y algunas subespecialiades quirúrgicas tenemos muy pocos médicos", asegur Rodrigo Córdoba, presidente de Sociedades Científicas.
Córdoba reconoció, además, que hay regiones donde se concentran algunos especialistas, mientras en otras no hay ninguno. "El problema es serio y el análisis que se debe hacer sobre su ubicación exacta y la posibilidad de que haya mejor distribución no es algo que se haga de un día para otro", afirmó.
'La gran revolución de las pequeñas cosas'
Dentro de la "gran revolución de las pequeñas cosas", como Santos calificó a las medidas que está ordenando para reducir el número de trámites en el país, se contempla que a partir del 2013 los colombianos solo necesiten del documento de identidad para acceder a los servicios de salud y que se fije un plazo de 48 horas para la entrega de los medicamentos por parte de las EPS o de las clínicas y hospitales (IPS).
También prometió que ahora será el empleador y no el afiliado el que solicite directamente a la EPS los certificados de incapacidad o de licencia por maternidad. "No puede ser que una señora que acaba de tener un hijo o un enfermo grave tenga que ir a la EPS para hacer filas y tramitar su propia incapacidad. Eso es cruel y absolutamente kafkiano. Eso no va más", dijo el Presidente. Además, ratificó el anuncio hecho el año pasado, en el sentido de que se creará la figura del Defensor del Usuario para la Salud, que deberá velar por la satisfacción plena de todos los derechos que en materia de salud tienen los colombianos.
Raúl Murillo, director del Instituto Nacional de Cancerología, donde se celebró el evento, destacó que estas medidas son fundamentales para "que los pacientes tengan un paso más amable por el sistema de salud". No obstante, llamó la atención sobre el crecimiento desordenado de la oferta de servicios de salud.
"Se dice que el nuestro es un sistema regulado por el mercado, y por eso cualquiera que tenga recursos puede abrir un centro de atención en salud. Esa apertura indiscriminada empuja de manera considerable el gasto en salud, con el agravante de que esto no se orienta por las necesidades de la población, sino por la necesidad de subsistencia económica de muchos de estos centros", dijo.
'La ley del silencio'
Uno de los anuncios del Presidente que más llamaron la atención fue el de la llamada 'ley del silencio', que consiste en la negación verbal de procedimientos o medicamentos por parte de funcionarios y de empleados del sector de la salud, que les sugieren a los ciudadanos que los soliciten a través de una acción de tutela.
"Eso es lavarse las manos y enviar directamente al paciente a los estrados judiciales. Queremos exigirles a todos los que nieguen un servicio que lo hagan de manera expresa y por escrito, para que respondan por ello", dijo Santos.
También prometió que el procedimiento para autorizar servicios no POS y que deben ser recobrados al sistema a través del Fosyga cambiará, para que, en cabeza de la Supersalud, no sean los jueces sino "los médicos en comités técnico-científicos y en juntas de pares quienes decidan, en última instancia, los procedimientos y medicamentos que necesitan los colombianos".
"Como ven, dijo, hoy tenemos buenas razones para creer que el sistema de salud va por buen camino. Además, la idea es avanzar hacia un plan de beneficios universal", que se planea esté listo en el 2013.
Queda por establecer la forma cómo se vigilará el cumplimiento de todos estos anuncios y cómo se sancionará a los prestadores de servicios que incumplan.
La viabilidad de las promesas
1. Plan ampliado de beneficios
En el 2013, según el Gobierno, existirá un plan de beneficios universal y completo para todas las enfermedades. Esto significa que los pacientes recibirían todo lo que necesitan sin restricciones y no por listados, como sucede hoy.
Para Sociedades Científicas "esto es inviable, pues parte de la interpretación de que los beneficios del sistema de salud son ilimitados". Este gremio hizo un convenio con la Universidad de Washington para analizar la viabilidad de llevar a la práctica esta propuesta, y presentará un informe al respecto a mediados de año.
2. Cédula, documento único
A partir del 2013, bastará con presentar la cédula de ciudadanía para ser atendido en cualquier institución del sistema de salud, según el Presidente. Para esto se necesita resolver uno de los más graves problemas que enfrenta el sector: la desactualización y la falta de unificación de las bases de datos donde se registran todos los afiliados al sistema, que ya suman 44,6 millones entre los dos regímenes (contributivo y subsidiado).
3. Incapacidades y licencias
Hasta hoy, son los usuarios los que deben certificar ante los empleadores las incapacidades y las licencias, a partir de los documentos que expiden en sus EPS. El Presidente quiere invertir esta ecuación, para que sean los empleadores los que se encarguen del trámite frente a las aseguradoras. Para ello, deberá adoptarse una estrategia que permita mejorar la prácticamente inexistente comunicación que existe entre empleadores y EPS, y que hoy se limita a la cotización a través de la planilla Pila.
4. Medicamentos en 48 horas
Las EPS deberán entregar los medicamentos prescritos por los médicos en un plazo no mayor a 48 horas. Si esto no sucede, los responsables de la demora (hospitales y clínicas o EPS) tendrán que enviarlos al domicilio del afiliado sin costo adicional. El problema es que aún no existe una política farmacéutica nacional que permita la disponibilidad inmediata de todos los medicamentos; además, la mayoría de ellos se entregan a través de terceros (farmacias), que no forman parte del sistema y en los que IPS y EPS descargan sus responsabilidades.
5. Registros sanitarios del Invima
Santos dijo este miércoles que tenía una buena noticia para las farmacéuticas: ordenará que el Invima otorgue los registros sanitarios de los medicamentos en un plazo máximo de tres meses. Hoy este trámite puede tardarse varios años. La pregunta es si la actual capacidad técnica, tecnológica y de recursos humanos de ese Instituto permitirá que estos análisis se hagan tan rápidamente.
LICITACIÓN DEL ICBF DISCRIMINÓ DISCAPACITADOS
El caso puso a la Corte Constitucional a marcar pautas jurídicas en normas antidiscriminatorias.
El caso de una empresa descabezada en una licitación por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a pesar de contar en su nómina con 15 discapacitados, puso a la Corte Constitucional a marcar pautas jurídicas en el cumplimiento de las normas antidiscriminatorias.
En un fallo de tutela, el alto tribunal ordenó a la Procuraduría y a la Contraloría revisar la licitación en la que el ICBF omitió aplicar los beneficios que la ley brinda a las compañías que enganchan a minusválidos y descalificó a la empresa Redcom en la adjudicación de un contrato.
El ICBF incumplió la Ley 361 de 1997, que establece que las empresas con el 10% de trabajadores discapacitados en nómina tendrán prevalencia para contratar con el Estado, señala el fallo. "Este tipo de medidas pretenden igualar las condiciones de la población desprotegida", dice la Corte.
MALES Y REMEDIOS DE LA JUSTICIA
Por: Juan Carlos Esguerra
El proyecto de enmienda constitucional que cursa en el Congreso es piedra angular de la gran reforma que requiere la justicia en Colombia.
Se necesitan varias políticas dirigidas a optimizar el manejo gerencial de la rama jurisdiccional.
Son tantos, tan diversos y de tal manera complejos los males de los que hoy adolece la justicia que ni su diagnóstico ni su remedio pueden sobresimplificarse ni reducirse a unos pocos aspectos puntuales o coyunturales.
Ellos tienen que ver, entre otras cosas, con el inconveniente diseño estructural de algunos organismos; con la inoperancia o el mal funcionamiento de otros; con algunos códigos que demandan cambios indispensables o que echan de menos postulados del derecho moderno que estamos en mora de entronizar, y con la apremiante obligación de definir una política criminal y penitenciaria armoniosa e integral, a la vez severa y desapasionada, tanto en materia de justicia penal ordinaria, como de justicia penal militar y de justicia transicional.
Se relacionan así mismo con la necesidad de enderezar la aplicación de normas sabias a las que maliciosamente se les ha torcido el cuello, y de evitar el abuso de instrumentos jurídicos que han terminado desnaturalizándose, como ha ocurrido con la tutela; con la sentida necesidad de que se vuelva la mirada hacia la adecuada preparación de los abogados y la solidez de su formación ética, y de que se sancionen con severidad tantas prácticas deshonestas que desdicen de la profesión y de su misión; con los preocupantes episodios de corrupción o de engaño -hoy aterradoramente extendidos- que hieren a la justicia y que contravienen los principios y valores que la enmarcan y los fines que la orientan; y, principalmente, con la sentida urgencia de hacer accesible la justicia a los muchos colombianos que secularmente han estado lejos de su alcance, reafirmando, por encima de todo, que ella es el camino legítimo para la reivindicación y la efectividad de los derechos de cada uno y de los de todos.
Todo ello implica enormes retos, como el de hacer su funcionamiento más amable, fácil y expedito; el de garantizar los recursos humanos, técnicos y económicos adicionales para el cumplimiento de sus tareas, y el de superar la congestión que abarrota no pocos despachos judiciales, la pasmosa demora de sus decisiones y el viejo mal de la impunidad, entre otros.
Por supuesto, la solución efectiva a este cúmulo de problemas requiere de una muchedumbre de acciones de muy diversa índole, que forzosamente deben acometerse por partes y por etapas. Ella no es, porque no puede serlo, solo cuestión de cambios normativos -constitucionales o legales-, pero desde luego no puede hacerse sin ellos.
También son necesarias distintísimas políticas públicas encaminadas a racionalizar y optimizar el manejo gerencial de la rama jurisdiccional; a encontrar nuevas y eficaces formas de descongestión de los despachos judiciales, que no necesariamente se limiten a la sempiterna fórmula de multiplicar los juzgados y de incrementar la asignación de recursos dinerarios; a mejorar la formación de jueces y abogados; a promover cambios culturales en todos los colombianos para superar el exceso de litigiosidad que atávicamente nos ha caracterizado, y a emprender una cruzada frontal contra la corrupción, la ineficiencia y la indolencia en todos los niveles de la sociedad, que tanto han afectado nuestra justicia.
Así pues, tanto como es verdad que el proyecto de enmienda constitucional que actualmente cursa en el Congreso es piedra angular de la gran reforma que requiere la justicia en Colombia, lo es también que constituye apenas una parte de su edificio; uno de los muchos frentes en los que ella se está adelantando.
EL ESPECTADOR
CHOQUE DE ALTO NIVEL EN EL TRIBUNAL
Acusaciones enfrentan a la Sala Administrativa con la Disciplinaria de la Judicatura
El presidente de una sala acusa a su homólogo de estar malgastando sus fondos. Éste le responde.
Denuncian sobrecostos en contratación en Sala Administrativa de la Judicatura
El presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, aseguró que la Sala Administrativa está malgastando sus fondos y faltando a la transparencia. A esto, el presidente de la Sala Administrativa, Néstor Raúl Correa, aseguró que Villarraga está molesto con él y dejó entender que el magistrado estaría tomando retaliaciones en su contra.
“Ni yo ni la Sala Administrativa tenemos bronca alguna con la Sala Disciplinaria, distinta desde luego a la que en el día de hoy ha desencadenado el inefable presidente de esa sala. Tampoco creemos ostentar una supuesta superioridad ética (…) El doctor Villarraga nos solicitó en diciembre la creación de 1006 cargos de descongestión, cuyo costo asciende a $150 mil millones anuales, lo cual es tan absurdo como desproporcionado, razón por la cual se los negamos, y es lo que al parecer lo tiene molesto”. Esa fue la respuesta del presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Raúl Correa, a los duros señalamientos que hizo en su contra el presidente de la Sala Disciplinaria de esa misma corporación, Henry Villarraga.
El magistrado Villarraga aseguró que la Sala Administrativa contrató con empresas cuestionadas por la Contraloría y, además, realizó millonarias adiciones a 20 contratos firmados durante la última semana del pasado mes de diciembre con lo cual, según él, se puso en entredicho la política de trasparencia de la Rama Judicial. El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura mencionó que la razón de las cuestionadas adiciones que ascendieron a por lo menos $12 mil millones fue la de remodelar los palacios de justicia de varias ciudades del país que se encuentran averiados, entre ellos los de Manizales (Caldas), Mocoa (Putumayo) y Cali (Valle del Cauca), este último, víctima de un atentado terrorista el 1 de septiembre de 2008.
Al respecto, Correa reiteró que “Ni yo como magistrado ni la Sala Administrativa celebramos contratos. Éstos son adelantados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Si la Sala Disciplinaria tiene alguna duda sobre el particular, bien puede dirigirse a dicha entidad. En esas condiciones, mal podríamos haber incurrido en irregularidades o adiciones en esta materia”. Sin embargo, los señalamientos del magistrado Villarraga no cesaron allí. El presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura llegó, incluso, a asegurar que su homólogo de la Sala Administrativa, Néstor Armando Correa, utilizó dineros de la Rama Judicial para promocionar un libro de su autoría.
Prontamente el presidente de la Sala Disciplinaria de la Judicatura le respondió: “Yo hice dos viajes para realizar el lanzamiento de mi libro sobre derecho constitucional: uno a Medellín, pagado por el Colegio de Jueces y Fiscales de la ciudad, y el otro a Cali, financiado con recursos míos. Por tanto, ninguno de los dos viajes le costó un solo peso al Estado. Aparte de eso, aproveché de todos modos para trabajar y reunirme con los magistrados de los tribunales seccionales”.
Otro de los puntos que tocó Villarraga en su extenso cuestionamiento al magistrado Correa fue la publicación por parte de la Sala Administrativa de los viajes de los magistrados de las altas cortes y el costo de los mismos, sin explicitar la razón de ellos, hecho que según él hacía ver a los miembros de ese tribunal como turistas judiciales. “No es aceptable que coloquen en el listado los viajes de los magistrados, que salen a practicar diligencias judiciales, propias del oficio, sin aclararlo en el mismo listado”, mencionó Villarraga.
En su escueto comunicado de respuesta el magistrado Correa respondió: “En cuanto a los viajes de magistrados de altas cortes, publicados la semana pasada, no hay nada que explicar. Se trata de una simple relación de costos y viajes, que no configura acusación alguna, y que la Sala Administrativa decidió publicar, siguiendo estándares internacionales de transparencia. Si un ciudadano desea saber por qué un magistrado viajó a determinado lugar, bien puede dirigirse a él y preguntárselo, en ejercicio del derecho de petición”.
No es la primera vez que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura queda en el ojo del huracán. El pasado 28 de diciembre la Contraloría presentó un documento en el que se enumeraban 116 irregularidades en las que habría incurrido esa corporación, 67 de ellas con posibles implicaciones administrativas y una con presuntas implicaciones penales. En su informe, el ente de control, concluyó que la Sala Administrativa no había cumplido con sus metas de descongestión del sistema, tuvo fallas a la hora de contratar con otras entidades y malgastó parte importante de su presupuesto. El magistrado Villarraga le recordó al magistrado Correa estas investigaciones a lo que este respondió que la corporación bajo su cargo ha apoyado irrestrictamente las investigaciones de la Contraloría.
Entonces, el presidente de la Sala Administrativa de la Judicatura devolvió la pelota y aseguró, abriendo un nuevo capítulo en este rifirrafe que “la Sala Disciplinaria tendrá que entrar a darle explicación a la Contraloría sobre lo que se ha denominado el ‘carrusel de pensiones’ en esa Sala. Por lo pronto, la desinformada y curiosa declaración de hoy del presidente de la Sala Disciplinaria deja la sensación de que los pájaros le disparan a las escopetas”. El duro cruce de señalamientos deja en evidencia la bronca que hoy por hoy ronda en los pasillos del Consejo Superior de la Judicatura. Ambos presidentes pidieron lo mismo: que la justicia investigue.
SANTOS PONE EN MARCHA PLAN DE SALUD UNIVERSAL
El presidente explicó que este nuevo plan busca que en los próximos meses se unifiquen los planes de beneficios de los ciudadanos entre 18 y 44 años, y que para 2013 ingrese el resto de la población.
El presidente Juan Manuel Santos anunció que su Gobierno está haciendo esfuerzos por entregarle al país un nuevo Plan Obligatorio de Salud Universal, que sea más flexible y se adecúe a las necesidades de los ciudadanos.
El anuncio lo hizo durante el lanzamiento de la actualización del Plan Obligatorio de Salud, realizado este miércoles en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá.
“Estamos concentrando esfuerzos para entregarle al país un Nuevo Plan de Beneficios Universal que superará el que estamos presentando hoy. Se trata de darle un nuevo enfoque al Plan Obligatorio de Salud para que sea más flexible, de manera que su actualización sea dinámica y se adecúe a las necesidades cambiantes de los ciudadanos”, indicó el Mandatario.
Explicó que este nuevo plan, en el que se trabaja con todo el empeño, busca que en los próximos meses se unifiquen los planes de beneficios de los ciudadanos entre 18 y 44 años, y que para el 2013, ingrese el resto de la población.
“En los próximos meses debemos unificar los planes de beneficios de los colombianos entre 18 y 44 años. Y para el año 2013 ingresará el resto de la población –entre los 45 y 59 años– de manera que habremos cumplido con la unificación total para todos los colombianos”, indicó el Presidente.
El Jefe de Estado destacó que si bien hoy se queda al día con el Plan Obligatorio de Salud, su administración se prepara para dar un paso más allá en su actualización, para que no dependa de listados concretos de tratamientos y de medicamentos, sino para que, por ejemplo, “ordene expresamente el uso del tratamiento más novedoso y no de uno en particular”.
Manifestó que otro de los grandes retos en los que se está trabajando es en sanear la cartera vencida que se ha venido acumulando desde hace muchos años y mejorar el flujo de recursos, “de manera que los hospitales y clínicas superen sus problemas financieros y puedan prestar un servicio de calidad para todos”.
Así mismo, el Presidente indicó que los colombianos pueden tener la plena certeza de que su Gobierno seguirá trabajando para preservar esa primera riqueza de cualquier ser humano, que es la salud.
“Como he dicho muchas veces, la salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida. Nosotros entendemos que el primer requisito de la prosperidad es la salud y por eso no descansaremos, no podemos descansar, hasta que tengamos en Colombia salud democrática, salud para todos”, concluyó el Mandatario.
REFORMA A LA JUSTICIA ES PERFECTAMENTE LEGÍTIMA"
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, habló de los retos que tiene que enfrentar en 2012.
No son pocas las responsabilidades que tendrá que enfrentar el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, los próximos meses. Estará al frente de la más ambiciosa reforma a la justicia de los últimos años, tendrá que ponerle freno a la deficiente prestación del servicio de salud que reciben los reclusos del país, el proceso de recuperación de tierras que fueron hurtadas vía modificaciones notariales y sobre la posibilidad de establecer medidas jurídicas especiales para las bandas criminales.
La reforma a la justicia es la principal prioridad para el ministro y al respecto señaló que “cuando inicien sesiones en el Congreso continuaremos con los debates del proyecto de acto legislativo de la justicia, pero quiero insistir que la reforma se complementa con otros proyecto de ley que son complementarios que ayudarán a mejorar los problemas de la administración de justicia”.
Frente a las tensas relaciones con el Consejo de Estado y con la Corte Suprema de Justicia que se marginaron del debate de la reforma dijo que “desde el primer día, cuando algunas cortes se separaron del trámite del proyecto, les dijimos que nos daría mucho gusto que regresaran porque es muy importante que se hagan oír. Pero, en todo caso, el trámite continuará en el Congreso como debe hacerse”.
Ese retiro de las cortes del debate de la reforma ha generado inquietudes sobre la legitimidad de la iniciativa, Esguerra restó importancia a este planteamiento y advirtió que “la legitimidad está en la forma como se cumpla su trámite de acuerdo con las normas y la participación que se ha dado en foros, debates, audiencias y discusiones académicas. Más legítimo que eso imposible”.
Frente a la deficiente prestación del servicio de salud para los reclusos por parte de la EPS Caprecom señaló que “hemos venido planteando esta inquietud, nuestra inconformidad y nuestras preocupaciones en relación con la forma como viene cumpliéndose por parte de Caprecom el contrato que tiene celebrado para efectos de atender los temas de salud de las cárceles. Eso no está funcionando como debe funcionar, esperamos una serie de correctivos en serio. Así se lo hemos planteado con todas las letras a Caprecom y estamos pendientes de su respuesta, respuesta que tiene que por supuesto traducirse en hechos muy rápidamente”.
Anta la posibilidad de desarrollar un nuevo marco normativo para negociaciones con las bandas criminales dejó claro que este se debe dar “en primer lugar de manera desapasionada, en segundo lugar no construida con criterio coyuntural sino estructural y en tercer lugar debe ser una legislación perfectamente concertada, conciliada y armoniosa que no sea simplemente como ha venido siendo, en no pocos casos en el pasado, el resultado de una colcha de retazos que se construye como reacción de una sociedad y de unas autoridades frente a episodios aislados”.
Recordó que “el presidente ha planteado que es indispensable que la legislación penal en materia de política criminal se endurezca considerablemente como respuesta a los episodios que se están dando con los grupos criminales”.
Esguerra dijo que por ahora, con la forma como han venido actuando estos grupos ilegales, “se aplicará la legislación ordinaria porque lo que sí es claro es que para estos delincuentes, justicia transicional cero, pues el denominado marco legal para la paz se refiere específicamente a los grupos armados al margen de la ley que han tenido una connotación política, y estos grupos son simplemente bandas delincuenciales a los que debe responderse en materia penal con lo que cuenta el Estado”.
Estos son solo algunos de los temas que pasarán por el despacho del ministro de Justicia en 2012, año que llega con la promesa de lograr el gran revolcón que abra la posibilidad de que los colombianos tengan un verdadero acceso a la justicia y respuestas en corto tiempo.
DENUNCIAN SOBRECOSTOS EN CONTRATACIÓN EN SALA ADMINISTRATIVA DE LA JUDICATURA
Veinte contratos en la Rama Judicial tuvieron una adición de 20 mil millones de pesos solamente en diciembre, denunció el presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Después de una ardua investigación, el presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga manifestó que en veinte contratos celebrados en la última semana de diciembre pasado por la Rama Judicial se encontró una irregularidad en la adición de más de 12 mil milones de pesos
Según el magistrado Villarraga, la sala administrativa de la Judicatura aprobó dichas adiciones, “poniendo en entre dicho su política de transparencia en el gasto”.
Entre los convenios sometidos a esta nueva inyección se cuentan los contratos para la construcción de Palacios de justicia de Mocoa, Cali y Manizales, cuestionados por la Contraloría.
Para el presidente de la Sala Disciplinaria, el interés de todos los magistrados es defender la trasparencia, eficiencia y austeridad en los gastos, por lo que cuestionó el hecho de que estos contratos tuvieran estas adiciones presupuestales tan altas.
El magistrado también manifestó que el presidente de la Sala Administrativa, Néstor Raúl Correa habría utilizado los recursos de la Rama para promocionar un libro de su autoría.